Las personas con discapacidades de aprendizaje necesitan el apoyo de los ministros.

Hay un debate válido sobre los beneficios por discapacidad después de un repentino aumento de solicitantes con ansiedad y depresión. Pero esta discusión inevitablemente pondrá de relieve la mala gestión crónica de la salud mental, con 1.9 millones de personas en listas de espera del NHS.

Los servicios comunitarios se han debilitado, las empresas privadas como tiburones explotan las brechas y hay una dependencia excesiva de los medicamentos y la contención física. Un psiquiatra me dijo que incluso los pacientes gravemente enfermos deben estar “agitando un hacha” antes de poder acceder a ayuda.

Ayer, el secretario de trabajo y pensiones, Mel Stride, planteó una nueva cuestión al decir que es una “pregunta abierta” si las personas con discapacidades intelectuales deben recibir beneficios en efectivo, “dado que existen diferentes formas y grados de severidad” – una declaración que alimentará el miedo en muchos hogares.

La vida con discapacidades intelectuales puede ser una lucha innecesaria. En el mejor de los casos, los ciudadanos y sus familias se enfrentan a interminables formularios y preguntas repetitivas para obtener el apoyo esencial; en el peor de los casos, luchas agotadoras contra un sistema sin fondos y en decadencia. Los ministros hablan de “grandes desafíos” en el cuidado social, habiendo fracasado en abordar las deficiencias que causan miseria después de 14 años en el poder.

La sugerencia de Stride suena ahora como un preludio para culpar a nuestra comunidad más desfavorecida antes de las elecciones, por parte de un partido cuyos fracasos en este aspecto acaban de ayudar a expulsar a uno de sus diputados. Dan Poulter, que también trabaja como psiquiatra, señaló el abandono de la reforma de la desactualizada Ley de Salud Mental, que define el autismo y las discapacidades intelectuales como trastornos que permiten la detención, como un factor en su defección hacia el Partido Laborista.

¿Es de extrañar que el gobierno no haya cumplido su promesa de reducir a la mitad el número de personas con estas condiciones encerradas en entornos de salud mental costosos e inapropiados entre 2015 y finales del mes pasado? Muchos otros terminan en mini-instituciones disfrazadas de viviendas con apoyo, mientras que el apoyo comunitario se ha corroído en la crisis de financiación de los gobiernos locales.

La pandemia expuso actitudes perturbadoras en la sociedad, con imposiciones impactantes de avisos de “no resucitar”. Dadas estas actitudes estrechas de miras, no es sorprendente que solo una de cada 20 personas con discapacidades intelectuales tenga empleo, aunque los lugares de trabajo son los mejores lugares para superar los prejuicios y fomentar la integración, al tiempo que se reduce la dependencia del estado.

Ojalá los ministros pontificadores vieran a las personas con discapacidades intelectuales como ciudadanos que merecen el mejor apoyo en beneficio de toda la sociedad, no simplemente como cargas para sus presupuestos y como peones políticos.

Ian Birrell es un escritor independiente